Los hijos de Nadie (columna de opinión)

Los hijos de nadie que son hijos de hijos de nadie, con un legado de pobreza y exclusión arraigada de generación tras generación.
Son los niños que caminan sin rumbo por las calles de la ciudad, que viven o sobreviven, que roban para comer o para comprarse lo que el sistema les impone pero les niega.
Muchos duermen arrollados contra la puerta de algún edificio abandonado y los que tienen más suerte abrigados por el calor del motor externo de un supermercado, como contenidos en un útero materno.

La sociedad los mira pero no los ve, no son extraños sino que se han transformado en un elemento integrador del paisaje urbano de Montevideo.
Para la mayoría no son dignos de lástima sino de temor porque “son peores los chicos que los grandes”. Claro, a ellos “no se les puede tocar porque son menores” y al parecer también son menores sus derechos.

La justicia los trata como objeto y no como sujetos de derecho, se habla de legislación respecto a la infancia, sobre el Código de la niñez y de la Adolescencia, sobre políticas integrales que aborden el tema, pero sin éxito.
Entonces, ¿quién es o se hace responsable de la situación?, ¿cuál es la diferencia entre los niños en situación de calle y los que viven en ella?

Se entiende que este drama de la infantilización de la pobreza no es nuevo, no surge en este período de gobierno. Sin embargo bastó la acción de amparo presentada por el fiscal Enrique Viana para que el INAU (Instituto del Niño y del Adolescente) se viera obligado a resolver la situación en un plazo de 90 días.

Creer que la realidad de más de 7500 niños se puede resolver de un plumazo es ilusorio como lo es también la creencia de que internarlos en dependencias del INAU resuelve el tema. Tampoco es justo afirmar que el Instituto del Niño y del Adolescente no promueva y aplique estrategias y políticas sociales para enfrentar este drama.

El INAU, según el artículo 7 del Código de la Niñez y la Adolescencia, tiene la obligación:”En casos de insuficiencia, defecto o imposibilidad de los padres o demás obligados, el Estado deberá actuar preceptivamente, desarrollando todas las actividades integrativas, complementarias o supletivas que sean necesarias para garantizar adecuadamente el goce y ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes”
Entre 1300 y 1400 niños en situación de calle son atendidos por programas de esta institución del gobierno. Tal es el caso de “La Escuelita”, un programa de tiempo parcial para integrar a los menores y a su familia. Pero, por supuesto, esto no basta. El resto de estos chicos se sigue educando en la escuela de la calle, manejando el código de la droga mejor que el abecedario, contando moneditas por limpiar parabrisas en vez de aprender las tablas, “achicando” en la esquina hasta que cae la noche.

Cuando nos encontramos con este paisaje, surge la pregunta ¿y qué pasa con aquello de los deberes y obligaciones inherentes a la patria potestad?
Según nuestra legislación, el incumplimiento de estos deberes podría ser causante del retiro del ejercicio de la misma.

En el año 2002, el entonces Instituto Nacional del Menor, (INAME), tomando una iniciativa del Ministerio del Interior se proponía controlar los deberes de los padres para con sus hijos. Es poco creíble hacerle entender a esos “adultos”- aunque la gran mayoría de esos padres son adolescentes- que el uso de la patria potestad implica bregar por el bienestar económico y psico-social del niño.
¿Cómo hacerles comprender esa cuestión de derechos, cuando a ellos también se les fue negado?

Hay que mirar este tema por encima de los partidos, aplicando políticas integrales, activas que realmente traten de operar sobre esta realidad que poco nos logra sensibilizar.
Todos somos responsables de esta situación porque todos formamos parte de esta sociedad. Desde el momento que en que se ignoran o miramos sin ver o cuando le damos esa monedita para “el pan y la leche de mis hermanos” estamos siendo cómplices del sistema que los excluye.